El Estraperlo - 1934 :

Los juegos de azar –especialmente la ruleta– estaban prohibidos en España, así como en la mayoría de países europeos. Sin embargo, en la década de los 30, se popularizaron numerosos modelos de pseudorruletas, que funcionaban alegremente en los grandes casinos de todo el continente. Los empresarios, Daniel Strauss (que disponía de pasaporte mexicano y hablaba español), Perle y Lowann (esta última esposa del primero), volvieron su atención hacia España. En Madrid, el Gobierno estaba formado por una alianza de partidos de la derecha (CEDA), y varios miembros del Partido Radical se habían mostrado muy receptivos con el proyecto del straperlo.

A lo largo del mes de junio de 1934, los empresarios y los políticos llegaron a un acuerdo económico para explotarlo en el Casino de San Sebastián (Guipúzcoa). Varios personajes en la órbita del Partido Radical harían valer sus influencias para conseguir la autorización, a cambio de un porcentaje en el negocio. Según la versión de Strauss, Alejandro Lerroux (líder del Partido Radical) recibiría el 25 por ciento de los beneficios; Joan Pich i Pon, un diez por ciento; Aurelio Lerroux (sobrino de Alejandro Lerroux), Miguel Galante y el periodista Santiago Vinardell, un 5 por ciento. Además, para asegurarse la cooperación del ministro de la Gobernación Rafael Salazar Alonso, Joan Pich i Pon se había comprometido a hacerle llegar un soborno de 100.000 pesetas.
El juego fue prohibido por la policía tras demostrarse que era fraudulento (pues la rueda se controlaba mediante un botón, y por lo tanto la banca ganaba siempre que lo deseaba), lo que no impidió que funcionara también en el Hotel Formentor (Mallorca), donde luego también fue clausurado.
El "escándalo del estraperlo" salió a la luz pública en octubre de 1935, a raíz de la denuncia que presentó Daniel Strauss al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora en la que exigía una "indemnización" por los gastos de instalación del juego conocido popularmente como "estraperlo" (por los nombres de sus tres promotores Strauss y Perle y Lowmann) en los casinos de San Sebastián y Formentor y por los sobornos que decía haber pagado a políticos del Partido Republicano Radical y a "familiares y amigos" de su líder Alejandro Lerroux. Alcalá Zamora recibió el dossier completo con toda la trama de corrupción que le envió Strauss a principios de septiembre de 1935 y se lo enseñó a Lerroux, que entonces era el presidente del gobierno, pero éste no le dio importancia y al parecer le dijo que sería muy difícil probar sus presuntos contactos con Strauss. Tras la crisis de gobierno que se produjo a mediados de septiembre en que Lerroux renunció a seguir encabezándolo (según el historiador Gabriel Jackson porque Alcalá Zamora le obligó a dimitir al conocer el dossier de Strauss) el presidente de la República a comienzos de octubre trasladó la denuncia al nuevo gobierno radical-cedista presidido por Joaquín Chapaprieta, en el que Lerroux era ministro, y le obligó a que el caso fuera debatido en las Cortes, donde se formó una comisión parlamentaria.
El dictamen de la misma señaló que habían existido actuaciones "que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen". El 28 de octubre de 1935 Las Cortes votaron la culpabilidad de los acusados por la comisión (excepto Salazar Alonso, exministro de la Gobernación que fue quien firmó el permiso), todos ellos destacados miembros del Partido Radical: Emiliano Iglesias, Joan Pich i Pon, Sigfrido Blasco-Ibáñez, Aurelio Lerroux (hijo adoptivo de Alejandro Lerroux) y Eduardo Benzo (exsubsecretario del Ministerio de la Gobernación que había gestionado el permiso). Al día siguiente, Alejandro Lerroux abandonó el gobierno.
Este caso de corrupción, junto con el que estalló poco después (el denominado escándalo Nombela), supuso el derrumbe del Partido Radical, lo que puso fin al denominado "bienio negro". Trás celebrase elecciones generales en febrero de 1936, éstas fueron ganadas por el Frente Popular.
A partir de este escándalo la palabra estraperlo ha quedado como sinónimo de chanchullo, intriga o negocio fraudulento. Así, por extensión, se denominó también estraperlo, durante la posguerra española, al comercio ilegal (mercado negro) de los artículos intervenidos por el Estado o sujetos a racionamiento (decretado por el régimen de Franco desde 1936 hasta 1952), recibiendo el apelativo de estraperlistas los que se dedicaban a tal comercio.
Antonio Nombela, inspector general de Colonas, recibió de ciertos altos funcionarios radicales la orden explícita de indemnizar irregularmente a la Compañía de África Occidental, propiedad del empresario catalán Antonio Tayá, que había perdido dos de sus barcos en la Guinea Española.

Nombela no solo se negó a abonar la indemnización, sino que denunció el caso a los ministros Gil-Robles y Lucia, lo cual, ocasionó su cese fulminante, y despúes el presidente de la República no dudo en remitirlo a las Cortes.

La Cámara nombró enseguida una nueva comisión cuyas conclusiones volvieron a revelar los turbios manejos de los altos cargos radicales y, en esta ocasión, de su propio líder. El asunto Nombela-Tayá se convirtió así en un gran escándalo que terminó con el escaso crédito político que le quedaba a Lerroux y a todo su partido, que se precipitó de inmediato en un acelerado proceso de desintegración.